MicroChip4Age inicia el análisis ético y regulatorio de su tecnología para garantizar un desarrollo responsable y conforme a la normativa
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El proyecto trabaja en colaboración con la consultora Kinrel para asegurar la alineación con los marcos legales, éticos y de protección de datos aplicables, de cara a su futura implantación sociosanitaria.

Jaén, marzo de 2025 – El proyecto MicroChip4Age, coordinado por el grupo de investigación ASIA de la Universidad de Jaén, ha iniciado la elaboración de su informe ético y legal, una fase clave para garantizar que el desarrollo tecnológico se alinea con los estándares normativos y los principios éticos que protegen la dignidad, autonomía y privacidad de las personas usuarias. La consultora especializada Kinrel será la encargada de elaborar este análisis a través de una metodología estructurada en tres fases.

La primera fase se centrará en la identificación de los requisitos regulatorios aplicables, incluyendo normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la legislación nacional (LOPDGDD), la regulación de productos sanitarios (MDR) y los marcos en desarrollo vinculados a la inteligencia artificial. A ello se sumará un diagnóstico diferencial de la tecnología, clave para anticipar su evolución hacia soluciones clínicas o comerciales.

La segunda fase abordará la evaluación ética, analizando aspectos como el consentimiento informado, la minimización de la intrusión, la equidad en el acceso, la aceptabilidad social del sistema o la supervisión humana en los procesos automatizados. Se elaborará una matriz de riesgos éticos, así como indicadores de cumplimiento que acompañen el proceso de escalado responsable del proyecto.

Finalmente, se definirá una hoja de ruta estratégica que trace el camino hacia una posible transferencia tecnológica o comercialización, asegurando el cumplimiento legal y ético en todas las etapas. Este informe también destacará la contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el ODS 3 (Salud y bienestar) y el ODS 10 (Reducción de desigualdades), reforzando así su vocación de impacto social y responsabilidad institucional.